Las consecuencias del desarrollo y ejecución de los procesos de estabilización establecidos en los Acuerdos firmados en 2017 y 2018 por el ministro Cristóbal Montoro (PP) con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, han sido desastrosas, especialmente en el ámbito autonómico. Miles de trabajadores y trabajadoras temporales con décadas de experiencia en las Administraciones Públicas se encuentran a las puertas del cese, o han sido cesados ya, mediante unos procesos que no se ajustan a la normativa europea sobre contratación temporal y que, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Aragón, ni siquiera cumplen la normativa estatal.
Los sindicatos combativos y de clase llevamos estos años luchando de la mano del personal público temporal, por todas las vías: huelgas, manifestaciones y concentraciones, campañas en redes, iniciativas jurídicas, reuniones con partidos políticos, e intentos de hacer comprender a los sindicatos mayoritarios (con nulo resultado) la debacle en que resultaría para el personal afectado su apoyo a estos procesos. Pero, aunque se han logrado algunos avances, las resistencias han sido muchas más.
Eso nos ha hecho intentar caminar hacia una solución definitiva a la temporalidad en las AAPP, que fuera a la base del problema y que no dejase resquicio alguno para que las distintas Administraciones hicieran dejación de su deber, como así han hecho muchas hasta ahora boicoteando la pequeña oportunidad que permitía la Ley 20/2021 para estabilizar un mayor número de trabajadoras/es. Esta Ley, en cualquier caso, dejaba demasiados cabos sueltos y se olvidaba del personal ya cesado. Y no queríamos que se repitieran estos errores.
Es por ello que, tras varios meses de trabajo elaborando un texto que pudiera dar respuesta final a la problemática del personal temporal, los sindicatos co.bas y Solidaridad Obrera elevamos una propuesta de solución legislativa a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso, a fin de que pudiera ser utilizada como base jurídica para cualquier iniciativa legislativa que se pudiera llevar a cabo. Solución legislativa que ha sido redactada con la ayuda altruista de otros grupos y expertos/as, que han aportado un trabajo y dedicación inmensos a la causa.
Fruto de estos esfuerzos, y de los contactos con los Grupos Parlamentarios, han sido, especialmente, dos enmiendas al proyecto de la nueva Ley de Función Pública.
Por un lado, la enmienda 131, registrada por el Grupo Parlamentario Junts Per Catalunya, ha recogido enteramente el texto de nuestra propuesta de solución legislativa. Debemos señalar que ésto no habría podido salir adelante sin la inestimable colaboración de la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Cataluña, la cual nos ha facilitado la comunicación con los Grupos Parlamentarios catalanes en el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, la enmienda 102, registrada por el Grupo Mixto a instancias de Podemos, recoge también, con muy leves modificaciones, el texto de nuestra propuesta legislativa. Además, Podemos ha registrado una Proposición No de Ley que se inspira en la fundamentación de dicha propuesta, posiblemente para sondear el parecer del Parlamento sobre la cuestión.
Toda acción legislativa suma a favor de la lucha contra la temporalidad, pero es necesario que el resto de los socios de Gobierno colaboren con su voto a favor, ya que la coyuntura política excepcional en la que nos encontramos permite presionar a los partidos que nunca estuvieron por la labor de dar una solución a la temporalidad, lo que en un escenario de mayorías absolutas sería imposible de llevar a cabo.
Desde los sindicatos que hemos propuesto esta iniciativa, llenos de esperanza y con la voluntad de no ceder en nuestro empeño, queremos dar las gracias a todas aquellas personas y organizaciones que han permitido que se abra esta puerta. Ojalá no se cierre y por ella pueda salir triunfante esa solución que permita que de una vez se haga justicia con el personal temporal de las Administraciones Públicas españolas.
26 de febrero de 2025
